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Los salvadoreños en Estados Unidos van a ser los siguientes deportadosNoticias de politica
Por: Danica Jorden


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17/1/2018 |

Los salvadoreños con TPS perderán su estatus en un plazo de 18 meses, el 9 de septiembre de 2019. La súbita decisión del gobierno norteamericano agrega así otras 200.000 personas, fácilmente identificables y localizables, que llevan 20 años viviendo legalmente, trabajando y aportando su contribución a los Estados Unidos, y potencialmente también sus 193.000 hijos, que son ciudadanos estadounidenses, a la lista de "hombres malos", como solía llamarles Donald Trump durante su campaña presidencial, y de este modo alimenta la máquina de detención y deportación federal.
Estos cientos de miles de personas vienen a añadirse a los cerca de 60.000 haitianos a los que se concedió el TPS en 2010, después del catastrófico terremoto que destruyó su nación insular y atrajo la atención mundial. Los haitianos con TPS perderán su estatus en julio de 2019.
En el caso de los haitianos, en mayo de 2017 el ex jefe del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), John Kelley, emitió un comunicado en el que se instaba a las víctimas del terremoto de Haití a reinscribirse urgentemente en el DHS a fin de mantener su estatus, a lo que siguió una declaración de la Secretaria en funciones del DHS Elaine Costanzo Duke en noviembre anunciando la finalización del programa en julio de 2019. Cabe señalar que Kelley y Costanzo Duke son descendientes de irlandeses y sicilianos respectivamente y comparten raíces inmigrantes con el presidente Trump, cuya madre dejó atrás una paupérrima isla escocesa, y con cuatro de sus cinco hijos, cuyas madres emigraron de países ex comunistas de Europa del Este.
La que fue jefe de gabinete de Kelly, Kirstjen Nielsen, tomó las riendas del DHS en diciembre. Con anterioridad, Nielsen fue presidente y consejera principal del Grupo Civitas. En su explicación de la decisión de dar por terminado el TPS para los salvadoreños, Nielsen afirma que las condiciones que motivaron inicialmente dicho programa en 2001 ya no existen y que "se requiere" al gobierno para que lo dé por finalizado. Al igual que en el caso de los haitianos, los salvadoreños deben volver a registrar su información personal en el DHS, aunque los detalles sobre cómo hacerlo todavía no están claros:
"Los salvadoreños con TPS deberán volver a registrarse y solicitar Documentos de Autorización de Empleo para poder trabajar legalmente en los Estados Unidos hasta que la finalización de la designación TPS para El Salvador entre en vigor y sea efectiva, el 9 de septiembre de 2019. Se darán más detalles sobre dicha finalización del TPS, así como del período de reinscripción, en una nota que emitirá el Registro Federal. Los beneficiarios del TPS salvadoreños no deben presentar solicitudes de reinscripción hasta que se anuncie el período de reinscripción a través de la nota del Registro Federal".
Nielsen es buena conocedora de los desastres naturales y de sus altos costes en vidas humanas. Fue Directora de Prevención, Preparación y Respuesta de la administración Bush en 2005, cuando el huracán Katrina, que causó la muerte de 1.800 estadounidenses y dejó tras de sí a más de un millón de desplazados. Del DHS depende la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias (FEMA), que no ofreció la asistencia oportuna a las víctimas del Katrina y que, con posterioridad, tampoco ha dado respuesta adecuada a las crisis en Puerto Rico y las Islas Vírgenes tras el paso del huracán María en 2017.
¿Qué han hecho durante estos 20 años? Han trabajado, han contribuido. No han causado ningún problema. Han tenido un efecto positivo.
Los salvadoreños registrados tienen año y medio para prepararse ante la finalización de su estatus. En declaraciones a la cadena de televisión en español Univisión, la representante del Partido Republicano de Florida Ileana Ros-Lehtinen dijo lo siguiente: "Han estado aquí durante 20 años. ¿Qué han hecho durante estos 20 años? Han trabajado, han contribuido. No han causado ningún problema. Han tenido un efecto positivo. [Finalizar el TPS] es un problema y es un error".
El programa TPS para los salvadoreños fue decisión del entonces presidente George W. Bush, en marzo de 2001, a resultas de los devastadores terremotos que afectaron a El Salvador en enero y febrero de ese año. La serie de terremotos fue tan terrible que el gobierno de los Estados Unidos dio apoyo universal a los salvadoreños que ya se hallaban o que acababan de llegar a territorio norteamericano.
"El 13 de enero de 2001, El Salvador sufrió un terremoto devastador y experimentó otros dos terremotos los días 13 y 17 de febrero. En base a un informe exhaustivo de los Departamentos de Estado y Justicia, el Fiscal General ha determinado que, debido al desastre medioambiental y la importante alteración de las condiciones de vida causados por los terremotos, El Salvador se encuentra temporalmente incapaz de gestionar adecuadamente el retorno de sus ciudadanos. 8 U.S.C. 1254a (b) (1) (B).
"Por la autoridad que me confiere, en mi función de Fiscal General, la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, según enmienda (8 U.S.C. 1254a), y tras consultas con las agencias gubernamentales oportunas, dejo constancia de que:
"(1) El Salvador ha padecido tres terremotos severos que han provocado una alteración importante, aunque temporal, de las condiciones de vida en El Salvador; (2) El Salvador no puede, temporalmente, gestionar adecuadamente el regreso de sus ciudadanos; (3) El gobierno de El Salvador ha solicitado oficialmente la asignación del TPS para El Salvador; y (4) No es contrario al interés nacional de los Estados Unidos permitir que los ciudadanos de El Salvador (y los extranjeros que no tienen esa nacionalidad pero que han residido habitualmente en El Salvador) permanezcan temporalmente en los Estados Unidos."
La aparición de bandas criminales organizadas ha provocado que El Salvador tenga hoy una de las tasas de homicidios más altas del mundo.
La Fiscalía General determinó repetidamente que las condiciones para el regreso de los desplazados por los terremotos que causaron la muerte a 1.000 personas y desplazaron a un millón no eran satisfactorias y renovó el TPS durante casi 20 años. En primer lugar, los terremotos se produjeron poco después de una larga guerra civil que costó la vida a al menos 100.000 salvadoreños. En segundo lugar, la aparición de bandas criminales organizadas, como MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha o la pandilla de la calle 13, y Barrio 18, que se originaron en Los Ángeles en la década de 1980 y que arraigaron durante y después de la guerra civil cuando algunos de sus líderes fueron deportados, ha provocado que El Salvador tenga hoy una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Esto es lo que dice la advertencia más reciente del Departamento de Estado de Estados Unidos a los ciudadanos que consideren viajar a este país:
"El Departamento de Estado advierte a los ciudadanos estadounidenses que consideren atentamente los riesgos de viajar a El Salvador debido a las altas tasas de delincuencia y violencia en este país. El Salvador tiene uno de los niveles más altos de homicidios en el mundo y son comunes crímenes como la extorsión, el asalto y el robo".
La vida se volvió tan insostenible con las pandillas para los jóvenes salvadoreños que legaron a representar una cuarta parte del total de menores no acompañados que confluyeron en la frontera de Estados Unidos con México durante el verano de 2014. La Aduana y la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos (CPB) dieron cuenta de más de 100.000 niños encontrados entre 2013 y 2014.
La economía de El Salvador se apuntala con las transferencias de dinero procedentes de Estados Unidos, que representaron un total de 4.500 millones de dólares el año pasado - es decir, mucho más que los "millones" que la Secretaria Nielsen afirma que se enviaron como ayuda tras los terremotos. En declaraciones a Univisión, el representante del Partido Demócrata de Illinois Luís Gutiérrez calificó ingenuamente la decisión gubernamental de "racista" y dijo lo siguiente en su sitio web:
"La Casa Blanca está vendiendo la fantasía de que cientos de miles de personas que han establecido sus vidas, familias y negocios en los Estados Unidos durante décadas van a irse o podrían ser detenidos y deportados. Convertir a los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en los Estados Unidos en inmigrantes indocumentados desafía toda lógica, incluso la de este presidente".



Última actualización 14/12/2018 15:21:36Noticias de politica

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