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La CNDH publicó recientemente el Informe especial sobre secuestro de migrantes en México. Se trata de un documento detallado y sustentado en un amplio trabajo de investigación en diferentes estaciones migratorias, dependencias oficiales, casas de migrantes y lugares de tránsito. En más de 2 mil visitas de trabajo de campo se pudo constatar 214 eventos de secuestro de indocumentados y dado que se trata de plagios masivos son varios miles de personas involucradas en estas acciones.

La investigación contrasta con la práctica política en estos casos de primero negar los hechos y luego, con la presión pública, proceder a investigar, de manera tortuosa y poco efectiva lo sucedido. El informe de la CNDH sobre el secuestro le pone datos concretos e información confiable a un fenómeno donde la situación de vulnerabilidad no presenta una disminución y los grupos que comenten violaciones en su perjuicio se han especializado y diversificado sus estrategias.

También se constata y se denuncia que en 9 por ciento de los casos los testimonios señalan que hay varios tipos de policías y funcionarios de migración involucrados, el único que se salva es el Ejército. Pero además de funcionarios y autoridades están coludidos un complejo entramado de informantes, halcones, taxistas, maquinistas y coyotes que sirven de apoyo a los grupos de delincuentes dedicados al secuestro, la violación y la extorsión.

Desde el año 2006 en las casas de migrantes, en su mayoría regenteadas por la Iglesia católica y organizaciones afines, se empezó a reportar el fenómeno como una nueva modalidad delictiva. El clímax se dio en 2010 con el secuestro y la masacre de 72 migrantes centroamericanos en San Fernando, Tamaulipas.

Uno de los dos sobrevivientes de San Fernando fue entrevistado por la CNDH y su testimonio figura al final del informe, junto con otros tantos que dan cuenta de la ferocidad y brutalidad que ejercen los secuestradores sobre sus víctimas.

Si bien las modalidades de ese delito y el uso de informantes varían según los casos y las regiones, el modus operandi para establecer el contacto con los familiares de migrantes y el envío del dinero es exactamente el mismo. Los extorsionadores utilizan la misma modalidad a la que recurren los indocumentados para solicitar dinero y apoyo a sus familias. Los envíos llegan por Western Union y otros sistemas de envíos de remesas. Muchos de ellos en bancos, que cuentan con cámaras, exigen identificación y tienen bases de datos que se pueden rastrear con facilidad por las autoridades competentes, si hicieran su trabajo.

Como medida de seguridad los migrantes van pidiendo dinero a sus familias de a poco, mientras avanzan en la ruta y de este modo se sienten protegidos de los asaltantes que les roban su dinero. Luego al llegar a la frontera el migrante contrata un coyote al cual se le paga en el lugar de destino al entregarse la mercancía. Hasta el cambio de siglo se trataba de un servicio garantizado, sólo se le pagaba al coyote cuando el indocumentado había llegado a su lugar de destino. Obviamente, el coyote cuidaba su mercancía y sólo lo entregaba cuando había recibido el pago y se tomaban las debidas precauciones, tanto por parte de los familiares como por la parte de los coyotes.

En ocasiones los coyotes eran golpeados al entregar la mercancía o no les pagaban lo convenido. De ahí que a la hora de acercarse al destino los migrantes eran prácticamente amarrados y custodiados para que no se escaparan sin pagar. Sin embargo, los acuerdos solían respetarse por ambas partes y muchas veces se utilizaban coyotes conocidos o que pertenecían al pueblo de origen. El negocio se basaba en la confianza mutua y era bastante seguro.

Los migrantes sin redes sociales y sin contactos eran lo que estaban más expuestos a la extorsión y al engaño. De igual modo los indocumentados de las zonas emergentes como Veracruz, por ejemplo, se encuentran más expuestos y vulnerables a la hora del cruce. Algo similar sucede con los centroamericanos, en especial los hondureños, que es el grupo más reciente en involucrarse al proceso migratorio internacional que cruza por México.

La llegada masiva de migrantes de las nuevas zonas de origen de México y Centroamérica generó una sobredemanda de servicios, lo que derivó en la improvisación de coyotes sin experiencia que abandonaban a los indocumentados en el desierto y el ingreso del crimen organizado al negocio.

El secuestro de migrantes se basa en la cantidad de secuestrados no en la calidad del plagiado y el monto de sus recursos. Es la extorsión de los pobres a cambio de su vida. Se supone que el migrante tiene recursos equivalentes al pago del coyote, por lo que las sumas se limitan a unos pocos miles de dólares, que multiplicados por 10 o 20 personas resultan ser significativas.

El secuestro de migrantes se ha multiplicado por que los pobres no reclaman y si lo hacen nadie los atiende, más aún si son extranjeros indocumentados. En tres años y medio, de diciembre de 2006 a junio de 2010, la Unidad Especializada en la Investigación de Secuestros de la PGR sólo ha iniciado tres indagatorias por este delito. Un récord nacional de una indagatoria por año. Por su parte, en año y medio la Sedena realizó 17 operativos y liberó a 486 migrantes víctimas de secuestro de varias nacionalidades, incluidas la mexicana.

El informe de la CNDH demuestra fehacientemente que la Estrategia Nacional e Integral para el Combate al Secuestro no funciona y que la Unidad de Investigación tampoco hace su trabajo. Paradójicamente las pistas son claras, el modus operandi no ha cambiado, sólo hay que rastrear los envíos.

Jorge Durand
La Jornada