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Convertido en una enorme fosa clandestina, admite el gobiernoNoticias de politica
Por: Emir Olivares y Alonso Urrutia, la jornada, mexico


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6/2/2019 |

Anuncia estrategia para dar con desaparecidos
México, convertido en una enorme fosa clandestina, admite el gobierno
Nunca más se utilizará la fuerza para frenar la inseguridad, insiste AMLO

México es una enorme fosa clandestina y enfrenta una crisis humanitaria en materia de desapariciones, la cual ha dejado al menos 40 mil casos, reconoció el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, anunció una estrategia nacional para combatir este delito.
El mandatario federal indicó que esta crisis es consecuencia de una política fracasada, inhumana y corrupta (modelo neoliberal) que ya no puede volver a imponerse en el país.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, refirió que nunca más habrá en el país una guerra para combatir delitos que lleven a esta situación de tragedia nacional y violación a los derechos humanos. Lamentó que México se haya convertido en los años recientes en una enorme fosa clandestina.
Ayer el tema central en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador fue la presentación del plan contra las desapariciones, y ahí externó el compromiso de su gobierno para nunca más utilizar la fuerza y declarar la guerra para enfrentar problemas de inseguridad.
A las víctimas y sus familiares, siempre nuestro pesar por su sufrimiento. Estamos hablando de más de un millón de víctimas, ese fue el saldo desde que se declaró la guerra absurda para enfrentar la violencia. (Haremos) todo lo humanamente posible para saber de los desaparecidos y ayudar a sus familias.. No van a faltar recursos, subrayó el titular del Ejecutivo federal.
Encinas, en tanto, aseveró que la administración de Enrique Peña Nieto incurrió en una profunda simulación en las acciones en torno a las desapariciones, por lo que en este sexenio se dará un giro radical para atender este problema.
De entrada, dijo, el gobierno federal asumirá como una responsabilidad de Estado buscar a las personas ausentes -papel que ante las omisiones oficiales de las dos pasadas administraciones han tomado las familias-; además, se castigará a los responsables, caiga quien caiga, y en caso de que sean agentes del Estado se seguirá la cadena de mando.
Además, precisó, se exigirá el compromiso de los gobernadores para enfrentar el problema.
Se estima que actualmente existen 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y alrededor de 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses. Eso da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar. Ha habido avances en la elaboración de leyes, pero lamentablemente en su implementación no solamente no se ha cumplido con los objetivos planteados, sino que se ha caído en una profunda simulación, indicó el funcionario federal.
Simulación
Parte de esa simulación, enfatizó, se dio en el tema presupuestal para la Comisión Nacional de Búsqueda, a la que se asignaron 468 millones 946 mil pesos en 2018, pero sólo se ejercieron 6 millones..
Indicó que el plan contará con una serie de beneficios de colaboración eficaz y mecanismos de protección de testigos para aquellas personas que proporcionen información para el esclarecimiento de los hechos.
El subsecretario Encinas detalló que la mayoría de los 40 mil casos de desaparición son de jóvenes de entre 17 y 29 años de edad; entre 8 y 10 por ciento son migrantes y también hay un número importante de mujeres y menores de edad.
"Hay un número significativo de mujeres que están vinculadas -lamentablemente- al delito de trata de personas y tenemos desaparición infantil de manera creciente. La violencia contra los niños ha crecido de manera significativa en los años recientes y habrá un programa especial que estamos trabajando con el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes", adelantó.
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Editorial de LA JORNADA

Desapariciones, responsabilidad del Estado


En su conferencia de prensa matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el subsecretario de Gobernación para Derechos Humanos, Alejandro Encinas, expusieron en toda su crudeza y complejidad uno de los peores agravios padecidos por la sociedad mexicana en los tiempos recientes: los alrededor de 40 mil casos de desaparición forzada, la gran mayoría de los cuales sigue a la espera de esclarecimiento, justicia, reparación del daño, castigo a los culpables y garantía de no repetición.
Las cifras pavorosas de ausentes, de cuerpos sin identificar en las morgues -unos 26 mil- y de fosas clandestinas -más de mil descubiertas hasta ahora- resultan tan estrujantes como el exasperante desinterés mostrado en sexenios anteriores por el Estado mexicano ante semejante cúmulo de delitos frente a los cuales existe una responsabilidad oficial, ya sea por omisión o por comisión: en su momento, las autoridades no sólo fueron incapaces de preservar la seguridad, la libertad y la vida de decenas de miles de personas sino que carecieron de la voluntad para procurar justicia y ni siquiera para establecer mecanismos de registro que permitieran dar un cauce definido e institucional a la búsqueda de los desaparecidos.
De esta manera, las autoridades se desentendieron del problema y han sido preponderantemente los familiares de las víctimas quienes se han hecho cargo de las tareas de búsqueda.. Es revelador, asimismo, el hecho de que la gran mayoría de los ausentes corresponda a un perfil preciso: jóvenes de escasos recursos de entre 17 y 29 años de edad, y que se trate, en 8 o 10 por ciento de los casos, de migrantes. Lo anterior, aunado a los casos de desapariciones en las que se puede presumir el móvil de trata de personas, habla claramente del grado de desamparo en el que los anteriores gobiernos dejaron a la población.
Otro dato escalofriante es que el grueso de las desapariciones fue perpetrado por la delincuencia organizada, pero hay 349 denuncias que involucran en el crimen a policías de los tres niveles y a elementos de las fuerzas armadas. Frente a estos antecedentes, Encinas anunció, en nombre del Ejecutivo federal, un conjunto de medidas para hacer frente a este horror social, empezando por el reconocimento de las responsabilidades del Estado.
Es claro que el primer paso para hacer justicia y sancionar a los responsables, sean quienes sean, consiste en una tarea de identificación de cuerpos y una documentación rigurosa, sistematizada y centralizada en una base de datos única. Esta sola tarea será necesariamente ardua y compleja, además, requerirá de una estrecha coordinación entre los gobiernos estatales y la Federación. Pero aun si ello se logra habrá mucho camino por delante en materia policial, ministerial, judicial y social para saldar este capítulo de pesadilla hasta lograr justicia, reparación y garantía de no repetición. Como lo señaló el propio funcionario, el problema no se va a revertir de inmediato, pues es el saldo de muchos años de desdén hacia la vida y la seguridad de los habitantes, particularmente de los más pobres.
No debe dejarse de lado la contextualización formulada por el presidente López Obrador respecto de que, al fin de cuentas, la tragedia de los desaparecidos es consecuencia de la descomposición general inducida en el país por gobiernos y políticas neoliberales que pusieron el acento en las ganancias corporativas y dejaron de lado el bienestar de las personas.
Cabe esperar ahora que el gobierno se mantenga en su propósito de no desdeñar más a los familiares de los desaparecidos, que lleve al fondo su propia determinación de acatar las recomendaciones de las instancias internacionales y de aceptar su colaboración así como que logre el esclarecimiento de los casos y el castigo para los responsables. Sólo de esta manera se podrá reducir y erradicar el crimen intolerable de las desapariciones forzadas.
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Última actualización 17/2/2019 15:21:36Noticias de politica

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