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La casta dorada durante los primeros dias de gobierno de Lopez ObradorNoticias de politica
Por: Javier Buenrostro


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23/12/2018 |

Hace once días que Andrés Manuel López Obrador asumió la presidencia de México y, desde el primer momento, marcó una amplia distancia con las formas de gobernar de los últimos tiempos.
 
 En su discurso de toma posesión ante el Congreso, en el que históricamente suelen lanzarse las grandes líneas que siguen los presidentes en su mandato, López Obrador fue contundente al afirmar que en el plano estructural, el modelo neoliberal no ha funcionado y debe dejarse atrás. En cuanto a la clase política, insistió en la necesidad de acabar con la corrupción y la impunidad que caracterizó a los gobiernos anteriores. Con un planteamiento lleno de cifras, el mandatario mostró el fracaso del modelo e hizo referencias a los principales escándalos políticos de los gobiernos previos, mientras que Enrique Peña Nieto solo lo escuchaba nervioso y cabizbajo.
 
 La llegada al Congreso de López Obrador en su auto compacto de siempre contrastó con el arribo de Peña Nieto quién, aún en su último día como mandatario, hizo uso de la camioneta blindada y los escoltas que lo mantuvieron en una burbuja en todo su sexenio. La imagen mostró dos realidades opuestas: la austeridad republicana y los derroches del privilegio.
 
 En el Congreso, López Obrador recalcó que no buscará, bajo ninguna circunstancia, reelegirse en el cargo. En cambio, prometió trabajar 16 horas diarias para hacer dos mandatos en uno y aprovechar el tiempo.
 Quien lo conoce sabe que esto va en serio, ya que tuvo jornadas similares durante su paso como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México (2000-2005). Desde el primer día como mandatario, comenzó a cumplir algunas de sus promesas: se deshizo del avión presidencial y lo envío a EE.UU. para que se ponga a la venta allá, mientras que realiza sus giras en territorio nacional en vuelos comerciales; anunció el Plan Energético para rescatar la industria petrolera y eléctrica, que fueron abandonadas por años en el terreno de las inversiones para poder justificar su privatización; y rubricó, junto a sus homólogos regionales, un Plan de Desarrollo Integral para México y Centroamérica.
 
 Informó también sobre la creación de una Guardia Nacional, conformada por 60.000 elementos --en un inicio 20.000 miembros de la Policía Federal y 40.000 de las Fuerzas Armadas--, para enfrentar la emergencia en seguridad que vive el país. Este punto ha sido controversial y criticado por varios especialistas con argumentos razonables. López Obrador, lejos de esconderse en una burbuja o de ignorar a los críticos, reconoció lo polémico de la medida en la misma toma de posesión en el Congreso, pero sostuvo que ante la colusión de las policías municipales con el crimen organizado, se hacía imposible un retiro abrupto del Ejército en tareas de seguridad. Con los especialistas en contra, pero con la gente que vive la problemática a favor (60% de la población aprueba la Guardia Nacional), la iniciativa ha empezado a echarse andar.
 
 La disputa con el poder judicial
 
 El segundo punto controvertido en estos primeros diez días de gobierno ha sido la Ley de Remuneraciones de Servidores Públicos, que aprobó el Congreso en noviembre, y con la que se está diseñando el Presupuesto de Egresos de 2019. ¿En qué consiste la norma y a qué se debe la resistencia? Es bien sabido que una de las banderas de López Obrador es la austeridad gubernamental. "No puede haber gobierno rico con pueblo pobre", ha repetido sin cesar por décadas. Cuando fue Jefe de Gobierno del Distrito Federal, llevó a cabo medidas de austeridad como la reducción de salarios; la eliminación del pago de los seguros médicos privados y el mantenimiento de la seguridad social; la supresión del uso de autos y choferes en niveles medios; y el fin de otros privilegios.
 
 Todo esto lo hizo en el 2000, en la Ciudad de México, y lo prometió reiteradamente en su campaña electoral por la presidencia. Lo cumplió con la Ley de Salarios, que aprobó el Congreso, y que propone que el presidente de México gane 108.000 pesos mensuales (alrededor de 5.000 dólares), y pone un techo para que ningún servidor público devengue más que el mandatario o que su superior jerárquico. A muchos funcionarios se les han hecho pocos los 5.000 dólares como límite, acostumbrados a ganar entre 10.000 y 15.000 dólares mensuales, sumando el salario y sus prestaciones laborales que, más que beneficios, se han construido como verdaderas fuentes de privilegios.
 
 De ahí se hace tan necesaria la diferencia entre servidor público y funcionario. El primero debe tener un salario digno pero mantenerse en la justa medianía, eso le ayudará a recordar cuál es su trabajo: el servicio. Se argumenta que muchos funcionarios, por sus calificaciones, podrían ganar mucho más en la iniciativa privada. Está bien, es válido que alguien quiera un sueldo más alto si sus calificaciones se lo permiten, en ese caso, que vaya con gusto a al ámbito privado y que no se someta al escrutinio público. Como decía el presidente uruguayo Pepe Mujica, el político que quiera hacer plata, que se vaya al mundo del comercio.
 
 Pero en México muchos funcionarios están lejos de querer ser servidores públicos. Miembros del poder judicial o de órganos autónomos están recurriendo a amparos para poder mantener sus salarios y privilegios de casta dorada.
 
 Esto ha abierto una discusión política sobre la corrupción. Magistrados y jueces dicen que sus ingresos (que en algunos casos llegan hasta los
 25.000 dólares brutos) son la garantía para su autonomía e independencia, confesando casi que su probidad tiene precio y está tasada en varios miles de dólares. Otras voces argumentan que es una intromisión de los poderes Ejecutivo y Legislativo en la autonomía del Judicial, por lo que todo el sistema democrático pende de un hilo y es el inicio del autoritarismo. Esta última afirmación es, por demás, exagerada y vale la pena preguntarnos si una democracia que está sustentada en salarios de miles de dólares es una verdadera democracia.
 
 En el caso concreto de México, además, el sistema judicial es históricamente el más conservador y aristocrático, por tanto, es el más reacio a cambios democráticos. Si los buenos salarios significaran autonomía y probidad en automático, no se explica que sea un Poder con amplios índices de nepotismo y déficit meritocrático, como lo ha mostrado el politólogo Julio Ríos Figueroa. En esta disputa legal sobre los sueldos, el poder judicial ha recurrido al argumento que un Estado de Derecho se basa en la estricta obediencia a la ley, pero se les olvida lo que suele recordarnos constantemente el filósofo Enrique Dussel, que las leyes tienen su origen en las cuestiones que son legítimas o no lo son. La legitimidad deber ser la base de las leyes y del derecho.
 
 En esta discusión son evidentes dos cosas. Primero, que con más de la mitad de la población sumida en la pobreza y con una clase trabajadora con uno de los peores salarios de Latinoamérica, tener remuneraciones y prestaciones entre 10.000 y 20.000 dólares mensuales no es legítimo, aunque pudiera ser legal mediante amparos. Segundo, que el poder judicial, al estar tremendamente desprestigiado por sus propias actuaciones del pasado en materia sustantiva, y la corrupción en su interior que se manifiesta en sus redes de nepotismo no es, actualmente, un mecanismo de contrapesos democráticos sino que es uno de los bastiones del viejo régimen de corrupción e impunidad, por lo que se hace indispensable una renovación en el espíritu de sus funciones y hasta en el personal que lo encarna para poder avanzar hacia una consolidación democrática.
 
 La ciudadanía, en su gran mayoría, se percibe esperanzada y favorable a las políticas de austeridad y combate a la corrupción del nuevo gobierno. El hecho que lo demuestra es que el índice de aprobación López Obrador está por encima del 70%, 17 puntos más que los obtuvo en la contienda presidencial. Mientras que la mayoría social quiere un cambio de régimen, aún quedan varios privilegiados suspirantes del modelo anterior. Paciencia, nadie pensó que esto sería fácil o que no habría inercias por cambiar u obstáculos en el camino. Roma no se construyó en un día y un nuevo sistema político mexicano también llevará tiempo, mucho tiempo y tenacidad. Pero algo se está moviendo ya.
 
 Javier Buenrostro es Historiador de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 Fuente: RT



Última actualización 21/3/2019 15:21:36Noticias de politica

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