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En el último capítulo del libro de Ricardo Uceda: “muerte en el Pentagonito”, uno se encuentra de pronto con la historia de los montoneros argentinos secuestrados y torturados en Lima para luego ser desaparecidos y asesinados en su país, en junio de 1980. Y la pregunta que emerge casi en forma inmediata es: ¿por qué está este tema al final y no al comienzo del libro, si todo lo que se relata en el resto del texto son las oscuras historias de los hombres que encararon la guerra sucia en el Perú que en los días del Plan Cóndor peruano recién estaban empezando?

Hay varias razones que hacen válida esta opción literaria: la primera y la más fuerte es que en esa parte del trabajo se trata, sin decirlo, del fin de la transición de varios de los oficiales de la época revolucionaria de Velasco a la condición de represores antisubversivos. Hay una escena en la que la montonera María Inés Raverta Gorrosteagui, es llevada en una camioneta y un coronel argentino empieza a golpearla cada vez más fuerte para sacarle información, hasta que el oficial peruano que viajaba en la parte del atrás grita basta, desenfunda su pistola y amenaza con disparar si no se detiene la violencia de la que era testigo. Entonces el argentino lo mira condescendiente y le dice: no se preocupe coronel, con el tiempo ya aprenderá como es esto.

El segundo motivo, parece ser precisamente contarnos como fue de duro ese comienzo de aprendizaje que se traduce en las sesiones de tortura en la Playa Hondable que los peruanos contemplaron sin poder hacer nada mientras veían destrozarse a lo que quedaba de los prisioneros que ya se sabía que iban a morir.

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Versiones de los servicios secretos peruanos señalan que el día 15 de mayo de 1980, el dictador Rafael Videla se comunica con su par peruano Francisco Morales Bermúdez, solicitándole su apoyo para “trasladar de Lima a Buenos Aires” a un grupo de montoneros argentinos asilados en el Perú que actuaban como enlace con sus compañeros de Argentina y otros países sudamericanos. El general peruano ya se encontraba en el último tramo de su gobierno y su reemplazo, el arquitecto Fernando Belaúnde ya había sido elegido por una cómoda mayoría. Videla informó a Morales que el general Albano Arguideguy ccordinaría las operaciones, a lo que los peruanos respondieron nombrando al general Juan Schrot Carlín como su representante.
El grupo de coordinación se reúne y queda definido que de lo que se trataba era de interceptar un encuentro entre montoneros que llegaban de fuera con los que residían en el Perú, utilizar la tortura para obtener la mayor información de los que fueran detenidos y llevárselos finalmente por tierra hasta la Argentina donde el gobierno se haría cargo de ellos. Schrot, con el apoyo de Morales Bermúdez y del comandante del Ejército, Pedro Richter Prada, dispuso que se operaría con elementos del Servicio de Inteligencia del Ejército Peruano, bajo el mando del Coronel Martín Martínez Garay.

Dentro de la nómina de los militares destacados a la misión estaban el teniente coronel PE Oswaldo Hernández Mendoza, el capitán PE Morales Dávila y dos sub oficiales, a lo que se añadió un médico de sanidad militar capitán Césaro, que debía controlar que las torturas no produjeran desenlaces fatales sobre territorio peruano.

El día 7 de junio de 1980, llega a la base militar de Las Palmas, un avión militar, tipo Hércules, de bandera argentina, con cinco militares de esa nacionalidad y un prisionero montonero de nombre Federico Frías Alberga, que meses antes había residido en Lima y mantenido los contactos de su organización. Tras su arresto en Argentina fue torturado y obligado a informar sobre sus contactos en el Perú. Ahora era traído a nuestro país de manera clandestina para confirmar sus datos.

El mando del grupo estaba a cargo de coronel Juan Pablo Saa, al que acompañaban el teniente coronel Hugo Miori Pereyra y tres suboficiales, todos los cuales fueron alojados en el Círculo Militar. Dos días después el general Schrot conduce al equipo ante el presidente Morales Bermúdez en una visita de protocolo que tenía como finalidad asegurarse de que la operación tenía el amparo y las garantías del gobierno peruano. Luego de la cita, los argentinos y peruanos que eran parte del plan reubicados en la Playa Hondable al sur de Lima, donde hay un centro de recreo militar y ahí se inició la sesión de tortura sobre Frías para elaborar las direcciones y puntos de contacto de los montoneros en Lima.

El 11 de junio fue detectado el montonero Julio César Ramírez Olmos, en las cercanías de la Iglesia principal de Miraflores, en el Parque Kennedy. Pero Ramírez también percibió que venían a detenerlo y empezó a correr por la avenida Larco tratando de perderse entre la gente. Su fuga desesperada produjo sin embargo sospechas y la policía de vigilancia de locales lo detuvo por conducta sospechosa. En la comisaría Ramírez Olmos trataba de explicar su situación cuando llegaron sus perseguidores que se enfrascaron en una discusión con el policía que había registrado la detención. En medio del forcejeo llegó la voz del gobierno para que entregaran al detenido que finalmente fue llevado en marrocas a la Playa Hondable, donde los esperaba Frías y una sesión interminable de tortura.

El policía que hizo la detención de la avenida Larco no se quedó tranquilo con lo que había pasado y entendiendo de lo que se trataba se dirigió a la prensa a denunciar el caso, sin revelar su nombre. La noticia que empezó a filtrarse alertó a Roberto Cirilo Perdía, que era el objetivo principal de la operación por su condición de dirigente montonero y responsable de las finanzas del grupo guerrillero, el que cortó sus contactos y recurrió a amigos peruanos que le salvaron la vida.

En cambio María Inés Raverta Gorrosteagui no se enteró del riesgo que estaba corriendo y cuando acudió a siguiente cita fue intervenida por militares argentinos y peruanos que sin dar aviso a nadie se la llevaron a la Playa Hondable. Por su parte la señora Noemí Gianotti Godoy de Molfino, una de las madres de mayo que estaba en la lista de capturas, logró percibir que había una vigilancia sospechosa sobre su vivienda e hizo una llamada de emergencia al diputado electo Antonio Meza Cuadra. Era el 12 de junio. Y cuando Meza Cuadra llegó a la casa de Gianotti ya no estaba y todo en su casa se encontraba revuelto. Meza Cuadra denunció entonces públicamente lo que estaba pasando y con ese gesto detuvo la operación salvándose no menos de veinte montoneros que permanecían en ese momento en el Perú.

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Frías no soportó la intensidad de las torturas a las que fue sometido que ya habían comenzado en Argentina antes de ser traído a Lima. El compromiso de que nadie moriría en territorio peruano no se había cumplido y el SIE recibió el oscuro encargo de desaparecer el cuerpo. El encargado fue el mayor Chavarry.

Los sobrevivientes fueron sacados del país en el Hércules que había traído a los secuestradores y torturadores que emprendió viaje con su carga hacía la Argentina. Presionado el gobierno de Morales Bermúdez para que aclarara su participación en la operación contra los montoneros, se justificó presentando el asunto como una acción del Ejército peruano contra subversivos extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país, los que habrían sido expulsados del Perú entregándolos a autoridades bolivianas de frontera luego de su traslado por tierra.

Esta historia era mentira. Sin embargo se mostraron documentos de expulsión y de ingreso al territorio boliviano. Se trataba de una especie de recibos que no llevaba firma de cancillería como se exige en estos casos y que años más tarde serían declarado falsos tanto en Bolivia como en el Perú. En realidad esta mentira internacional era una prueba irrefutable de la existencia del Plan Cóndor, porque sólo un convenio entre ejércitos podría explicar la cooperación y la voluntad de encubrimiento con la que actuaron los gobiernos involucrados.

Julio César Ramírez y María Inés Raverta Gorrosteagui, desaparecieron sin dejar rastro y se presume que murieron en la sala de tortura mientras se buscaba extraerles información sobre las cuentas de la organización subversiva ante el fracaso para atrapar a Perdía. Se afirma que como resultado de los brutales apremios surgió una versión de que las cuentas de los montoneros se hallaban en Madrid lo que explicaría el porqué llevaron hasta esa ciudad a la señora Gianotti de Molfino, con la finalidad de presionarla para establecer contactos en España. Sin embargo otra vez se les pasó la mano y acabaron con la vida de la mujer que ya había perdido sus hijos con la represión militar.

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El 18 de julio, casi un mes después del regreso a Buenos Aires de los secuestrados, se alquiló en Madrid un departamento a nombre de Julio César Ramírez, nombre de uno de los montoneros detenidos en Lima y que era usado por un agente militar. Durante una semana, el departamento lució un cartel que decía “no molestar”. El día 24, una llamada anónima advirtió de la existencia de un muerto en la habitación que era el de la señora Gianotti de Molfino. Había estallado un escándalo mundial y el Perú estaba en el centro de las miradas porque aquí se había detenido a la mujer que ahora estaba muerta.

Faltaban cuatro días para el reinicio de la democracia en el Perú.